La Ley para el Acceso Electrónico
de los Ciudadanos a los Servicios Públicos ha sido
aprobada en el Congreso,
con esa rara unanimidad entre todos los partidos políticos
que, las raras veces que se produce, suele poner los pelos de punta a
los ciudadanos de a pie. No entraremos en detalles que podéis
leer
en cualquier medio de comunicación, el resumen es que, a
partir de 2009, los ciudadanos tendrán derecho, y
posibilidad, de hacer sus tramites con respecto a la administración
pública por Internet.
El problema que se nos suscita ante los
detalles
sobre estándares abiertos o no abiertos y demás gaitas,
trasciende los detalles técnicos y se centra más en la
lógica de quien no es político de profesión ni
titiritero, que ellos lo verán de otra manera.
Toda esta adecuación tecnológica
que se va a desarrollar, a la que añadir los soportes que ya
existen, cumplirán estrictamente, faltaría más,
las leyes actuales, por lo que nunca podrán ser usados para
copias de nada sujeto a derecho de autor, y estamos hablando
de muchos millones en soportes grabables, en grabadoras de
todo tipo, fotocopiadoras y la biblia en pasta.
Curiosamente el Gobierno no ha
solicitado, a pesar de tener derecho a ello, la exención
del canon digital de todo ese material, que, ni que decir tiene,
pagamos todos nosotros, el material y el canon. De esta manera
tenemos que el Estado abona a la SGAE unas cantidades
astronómicas que, en estricto derecho, no debería
pagar, y, con todas estas ampliaciones que se avecinan, la suma
aumentará sustancialmente.
Dicho de otra manera, este Gobierno,
el anterior y el que venga, a juzgar por la a mencionada rara
unanimidad, parece que esta subvencionando graciosamente, con dinero
público, a una entidad particular, la SGAE, lo que
vulneraria todas las leyes civiles, penales y del buen gusto.
Terminamos con la misma pregunta con la que comenzamos, ¿esto
se podría considerar como subvención ilegal encubierta?