El nuevo ministro de Cultura,
César Antonio Molina, afirma,
así como quien no quiere la cosa, que existe, aunque no se
haya hecho pública, una propuesta concreta sobre el canon
digital.
Y si esto fuera insuficiente para
ponernos de los nervios, asegura que esta propuesta se está
estudiando junto con las entidades de gestión (SGAE &
Cia) para su redacción final. Una cosa es saber que, en este
bendito país, las cosas están así, que esto
tenia
que haber pasado, en realidad, hace meses,
y otra, muy distinta, que te lo suelten de golpe,
en plena depresión postvacacional y sin anestesia.
Lo curioso del tema es que de la otra
parte implicada,
los fabricantes de los dispositivos catalogados de utensilios
aptos para actividades delictivas, no se dice ni pío, lo que
implica que, si no han protestado por esa omisión, es que ya
han sido consultados y están de acuerdo con el borrador
actual, al igual que lo está, según palabras del
ministro de Cultura, el de Industria, Joan
Clos.
Sin que haya trascendido absolutamente
nada del contenido del proyecto, solo podríamos decir de él
vaguedades e incongruencias, pero de eso ya se ha encargado el
ministro: La propuesta actual en discusión está
diseñada para que «consiga el equilibrio
necesario entre los derechos de los autores y los ciudadanos
en esta materia«. La Comisión de Propiedad
Intelectual será un «punto de encuentro y de
resolución de conflictos entre los titulares de los derechos
de las obras protegidas y los usuarios de las mismas«, y
ni que decir tiene, que todo esto para conseguir que «sin
cercenar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva,
se consiga mitigar el alto nivel de litigiosidad que se registra en
el ámbito de la gestión de derechos de autor«.
De todo lo anterior se desprende,
claramente, que el recién estrenado ministro de cultura sabe
hablar muy bien.
Por otro lado, el 4 de septiembre
termina el plazo de presentación de enmiendas a la Ley de
la Sociedad de la Información, y la aberración
consistente en que, sin orden judicial por medio, la SGAE
pueda cerrar páginas Web sigue planeando,
amenazadoramente, sobre los derechos fundamentales de los españoles.
¿Tan difícil es decir
que, de acuerdo con la Constitución, solo el poder
judicial puede arrogarse esas facultades? Pues nada, siguen
mareando la perdiz hablando de vaguedades y de unas «autoridades
competentes«, sin definirlas concretamente.