Y ahora las cinematográficas

En el cuanto de nunca acabar que se
esta convirtiendo en intentar controlar y censurar Internet,
ahora interviene la poderosa industria del cine.

Cuando parecía
que del mal íbamos a salvar lo mínimo, el derecho a que
sea un juez el que determine si hay o no delito, y el PSOE
parecía avenirse a razones, un tal Mario Armero,
presidente de General Electric en España, se ha estado
moviendo de despacho en despacho, intentando convencer, al político
de turno, que no basta con la justicia ordinaria cuando se
trata del atroz crimen de perjudicar a las productoras
cinematográficas.

En nombre de NBC Universal,
propiedad de General Electric, y de alguna productora más, el
señor Armero se ha dedicado a predicar
sobre la necesidad de establecer una Santa Inquisición,
por encima del bien y del mal, que pueda cerrar páginas
webs y ordenar a las operadoras que le corten la linea a un
usuario sospechoso. Todo esto, por supuesto, sin necesidad de
ningún juez.

Muy poderosas razones ha tenido que
esgrimir don Mario, prueba de ello es que el PP ya ha
decidido intentar que se cree esa nueva agencia. “La Justicia en
España es lenta. La industria necesita que se pare la
vulneración de la propiedad intelectual sin tener que llegar a
la judicatura”, es el argumento que esgrime José
Ignacio Echaniz
, diputado del PP,
en defensa de la postura adoptada por su partido.

Brillante idea para que haya dos
tipos de justicia
, la normal, lenta y sustentada por un juez,
para la gente de a pié, y otra rápida, basada en sus
propios criterios, para las grandes multinacionales del cine, siendo
ellos mismos los encargados de administrarla, con la inestimable
ayuda de la SGAE.

La justicia puede ser lenta, pero
recordemos que hay maneras de conseguir medidas cautelares y
que los llamados juicios rápidos ya funcionan desde
hace tiempo, y se aplican en los casos con circunstancias que lo
requieren. Por otro lado, saldría más barato, y
menos repugnante para el contribuyente, establecer un juzgado para
estos casos concretos que tener a sueldo del Estado a unos
señores, sin cualificación ninguna para juzgar,
para que defiendan los intereses que les convenga defender y que
vayan cerrando webs, y quitando conexiones, a destajo, sin tener que
dar explicaciones a nadie.

Este nuevo organismo dependería
del ministerio de Cultura y estaría compuesto por gente
de la SGAE, de las productoras de cine, discográficas y
demás fauna similar. Fuentes del PP aseguran que,
aunque no se especifica en el texto, se podría formar,
quizás, otro consejo paralelo para defensa de los
consumidores.

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