Se va cerrando el cerco y la tendencia
de países que no hace tantos años considerábamos
como adelantados en los derechos sociales, por lo menos comparando
con lo que por aquí se estilaba, consiste en jorobar a los
usuarios de las redes P2P, poniendo las pretensiones de las
multinacionales de negocios desfasados muy por encima de los
intereses y derechos de los ciudadanos.
Sarkozy regaló a Carla
Bruni, en vez de anillo de compromiso, una férrea
censura de las descargas de Internet y ahora el Gobierno
británico esta dispuesto a seguir sus pasos y por el mismo
sistema: involucrar a las operadoras para jorobar, en tres
tiempos, a los que se descarguen archivos que gente sin determinar,
pero que todos sabemos quienes son, decida que no se pueden descargar
sin pasar por taquilla.
Aunque Bruselas no sea
partidaria del sistema, dejó la puerta
abierta a las legislaciones particulares de cada Estado miembro, y
estos van demostrando, uno a uno, que están dispuestos a
mantener un modelo de negocio totalmente obsoleto en cuanto
productos audiovisuales se refiere.
Dentro de poco, al igual que ya sucede
en Francia, las operadoras británicas
advertirán a los usuarios que descarguen algún archivo
con derechos de autor de que están cometiendo un delito. Tras
esta primera fase, si hay reincidencia, el delincuente en cuestión
sufrirá una desconexión temporal de su linea, tras lo
cual, si vuelve a las andadas, se quedará definitivamente
sin ella, pasando a engrosar una lista negra que le impedirá
contratar con otro operador.
Una «condena» a quedarse toda la
vida sin acceso propio a la Red la podemos equiparar a que a
alguien se le prohíba comprar o leer un periódico, o
que no pueda ver un informativo de televisión en su vida o que
no pueda escuchar la radio, porque se haya sentenciado en ese
sentido.
Un absurdo de tal envergadura que no
puede ser, jamas, refrendado por ningún juez. Una
medida de índole meramente civil que nunca podría
sostenerse en lo penal sin saltarse a la torera una lista
interminable de derechos constitucionales y, en definitiva, el
sueño dorado de algunos, como SGAE o Promusicae.
Hasta ahora tribunales y
Ejecutivo españoles, aunque estos últimos dando
marcha atrás en el último momento, han impedido que
esto mismo pase aquí. Veremos qué se oculta, en
realidad,
detrás de las promesas electorales y que nos depara el futuro
cercano.