La teoría dice que en las
democracias modernas los políticos electos son la voz del
pueblo, que tienen la obligación de llevar a los mecanismos
del Estado la opinión y sentir de los ciudadanos,
sacrificando por el camino, si es necesario, ideas e intereses
propios.
Otra cosa es cuando un político
anuncia que va a tomar una decisión en contra del sentir
popular. La uncia lectura que tiene el asunto es que este señor,
que está donde está por los votos de los que ahora va a
contradecir, se considera más listo que el populacho, muy por
encima de él y que la plebe no sabe lo que le conviene y para
eso está, para llevar a todo el mundo por el camino que
considera correcto a base de palos.
Curiosa situación en un estado
de derecho es esta y el ultimo ejemplo lo tenemos aquí, en
España.
César Molina, ministro de
Cultura, parece que más por la gracia de Dios que por
las urnas a juzgar por esas declaraciones,
ha anunciado que las próximas e inminentes formulas
antipiratería, los tres avisos y la desconexión es lo
que actualmente prima, «Probablemente será una normativa
que será muy antipopular, pero lo que es antipopular,
ruinoso y un desastre es que los miles de puestos de trabajo que da
la cultura desaparezcan por esta actuación ilegítima.
Eso no se puede permitir».
Lo que no se puede permitir es una
medida antipopular en un político que se llama de izquierdas
ni confundir la cultura, fuente de riqueza y bienestar, con la
industria que medra a su alrededor para enriquecimiento propio
y encarecimiento del acceso a la cultura ajeno.