Wi-fi municipal: una alternativa democrática de acceso a la Sociedad de la Información

El acceso a Internet en
España no es asequible, tenemos el adsl más caro y lento de
Europa, no es accesible ni universal porque 4.000.000 de
ciudadanos no pueden acceder a la banda ancha adsl y cable módem, en
función de su sitio de residencia y, mediante móvil, es inviable
para las familias al no ofrecer tarificación plana.

Ante este panorama de
incapacidad del mercado y de desidia del Gobierno para dar soluciones
a esta situación, que sitúa a España por debajo de la media
europea en cuanto a penetración y uso de Internet, surgen las
iniciativas municipales wi-fi, – sistema de envío de datos
sobre redes computacionales que utiliza ondas de radio en lugar de
cables- que proponen acceso asequible, accesible y
universal a sus administrados.

Ayuntamientos
como los de Atarfe, Ponteareas o Barcelona han sido pioneros en este
tipo de iniciativas en pro de ofrecer acceso a sus ciudadanos y han
sido expedientados por el regulador CMT
por lanzarse a ofrecer servicio wi-fi gratuito sin contar con
autorización previa y por considerar que los operadores públicos
«no deben realizar sus actividades de manera que establezcan
barreras de entrada» a los competidores privados «ni
provoquen la salida del mercado de éstos por la imposibilidad de
competir en igualdad de condiciones».

El regulador considera
que la prestación de un servicio con carácter gratuito o a precio
inferior al que establecería el mercado es un «caso claro de
financiación pública de la actividad, ya que la Administración no
estaría recuperando los gastos generados por la prestación del
servicio», bajo el criterio de que las Administraciones se
aprovechen de la autofinanciación pública para ofrecer, por
ejemplo, acceso a Internet mediante tecnología inalámbrica Wi-Fi «a
precio inferior al necesario para asegurar la rentabilidad del
negocio».

El Gobierno comulga con
esta tesis. David Cierco, director
general para la Sociedad de la Información, en una
reciente entrevista afirmaba, que «un Ayuntamiento no puede
entrar en competencia directa con las empresas privadas», a las
que protege la ley de 1998 que liberaliza las telecomunicaciones.

Numerosas iniciativas
municipales se empeñan en ofrecer servicios wi-fi para facilitar el
derecho que el mercado y el Gobierno no garantiza a sus administrados
a acceder a Internet en Santa Cruz de Tenerife, Málaga, Gerona o
Zaragoza, tienen que superar numerosas trabas administrativas, con la
consiguiente merma y restricciones de servicio en pleno siglo XXI.

Más allá de los
planteamientos del gobierno meramente economicistas y de favor al
mercado, el wi-fi municipal se adentra en el ámbito de los derechos
que tienen por objeto regular la participación de los ciudadanos
en la política, en su calidad de cosa pública y asume que, en
un sistema de información compartida, como el que nos ofrece
Internet, la figura del representante deja de tener sentido y deberán
reasignársele otras funciones dentro de un modelo de democracia más
directa en consonancia con el modelo informacional.

A lo mejor al Gobierno le
da miedo que los ayuntamientos planteen esa democracia participativa
que una herramienta de comunicación como Internet permite a los
ciudadanos.