En España discutimos sobre casi todo: fútbol, política,
religión, farolas, mobiliario urbano… Lo trascendente y lo
intrascendente pueden ser origen de debate, con grados de intensidad
y pasión similares.
La banda ancha (BA), el desarrollo de la
Sociedad de la Información (SI), no son ajenas a esta naturaleza
polemista que nos caracteriza. Pero sin ánimo de molestar a nadie,
el debate sobre la SI en España, nos atreveríamos a decir
que en la UE, está lejos todavía de ser estratégico y de
constituir una política prioritaria.
Los agentes sociales no deberíamos estar al margen
de esta falta de definición estratégica a la que aludíamos,
como si componer un escenario estratégico fuese tarea de otros. Este
es un grave error.
Hablamos de la SI y de la BA desde posiciones
tangenciales (no lo decimos en sentido peyorativo) que sin duda
tienen mucho interés, pero que no son el núcleo neurálgico de una
posición estratégica.
Algunos de esos asuntos que frecuentemente tratamos,
en la medida que no los incorporamos a un marco global de reflexión,
más tarde o más temprano nos provocarán contradicciones difíciles
de resolver o, si se prefiere ver de otro modo, lo podemos enunciar
diciendo que la falta de un pensamiento global, dificulta
seriamente que los temas accesorios que abordamos encajen de manera
armónica en el puzzle.
Los agentes sociales hablamos sobre atención al
cliente, sobre velocidades, precios, servicio universal, etc. Se
habla en los foros sobre lo bien o mal que nos va con los operadores,
sobre las experiencias individuales, sobre los últimos planes
institucionales… Sin embargo, ¿qué queremos que sea la SI?.
Desde ADECES
hemos tratado de aproximarnos a esta definición estratégica a
través del documento “La Sociedad de la Información desde la
perspectiva del Consumidor: una mirada internacional” que se
puede encontrar en www.adeces.org/informes.htm.
El punto de partida del citado texto es el de asumir
que la competencia se hace para algo y que tiene que ser sostenible.
La competencia debe servir para la diferenciación de servicios,
productos y precios; pero además, la competencia debe sostener las
futuras actuaciones de innovación tecnológica y esto sólo es
posible si se garantiza la inversión. En conclusión, la
competencia tiene que permitir el retorno de la inversión, ya que
sino es así, nadie querrá invertir.
Desde esta definición se puede entender fácilmente
que ha habido una primera fase de liberalización del sector que no
ha conllevado competencia alguna, ya que en realidad lo único que se
producía era una reventa de servicios y productos con una ligera
diferencia de precio.
Esta forma de actuar de algunos reguladores
nacionales, que no de todos (digan lo que digan), produce una merma
de los ingresos de los ex monopolios sin generar a su vez los
suficientes recursos a los nuevos operadores con los que garantizar
una inversión que tome el relevo de la que se ha dejado de realizar.
Para acelerar el ritmo de pérdida de clientes del
operador preexistente, algunas autoridades de regulación, rebajaron
al máximo la seguridad jurídica de las operaciones de cambio de
operador por parte del usuario. La consecuencia es que se aceleró la
pérdida de clientes del dominante y comenzó a instalarse un
clima de desconfianza por todos los cambios efectuados sin la
aprobación del cliente. La desconfianza, como bien sabemos estos
días, es fácil de crear y difícil de revertir.
En España, la apertura del bucle, paradigma
de la competencia, y la inversión en cable ha producido algunos
efectos deseados, como intensificar la diversidad de servicios y
precios. Pero a su vez ha generado otras consecuencias menos
deseables, como la de aumentar la frustración ante las
expectativas despertadas: velocidad real del 20 MB, redes limitadas,
atención al cliente deficiente…
Las Autoridades Europeas de Competencia y las de
Telecomunicaciones se empeñan en ver el modo de intensificar su
modelo de competencia, basado en la identidad entre competencia y
cantidad de operadores que emplean la misma red. Sin embargo, desde
nuestro punto de vista la competencia real y sostenible se sustenta
en la red o redes y, éstas a su vez en la inversión.
Las Autoridades Europeas y nacionales deberán tener
en cuenta que el mercado de las telecomunicaciones es intensivo en
inversión y, además, que la demanda de banda ancha es cada vez
mayor con lo que, en cierta medida, podemos pagar en el futuro
inmediato la falta de previsión presente: tener bajas velocidades o
limitaciones de uso o cobros por uso.
Como se ve, ésta no es una polémica que no nos
competa a los agentes sociales. El modelo de competencia y regulación
condicionará el futuro inmediato.
La experiencia demuestra que en este sector
estamos lejos, muy lejos de fraguar modelos de competencia perfecta
entendida como la entiende la teoría económica; aunque estamos
cerca, muy cerca, de consolidar modelos de oligopolio en los
escenarios nacionales y supranacionales porque hay que afrontar
grandes inversiones inaplazables.
Si se sigue la evolución de países como Estados
Unidos que hace ya años quebraron el poder de ATT dividiéndola en
una empresa de larga distancia y más de una veintena de compañías
locales, se puede ver que en realidad:
a.- Las autoridades dejaron un monopolio en cada
ámbito de actuación en el que fragmentaron a la preexistente ATT.
b.- Las empresas locales iniciaron un proceso de
concentración por el cual las más de 20 compañías se redujeron a
menos de 10.
En España la proliferación de jugadores de los
primeros años de liberalización fue dando paso a la desaparición
de muchos de ellos mediante los procesos de fusión y absorción que
hemos vivido. Históricamente también se produjo el mismo movimiento
en sentido contrario: antes de existir Telefónica había compañías
de ámbito regional.
En fin, en el sector de las telecomunicaciones hemos
visto concentraciones y desconcentraciones de forma sucesiva. A cada
movimiento del péndulo en un momento histórico le siguió otro en
sentido contrario en un tiempo posterior.
Ahora asistimos a movimientos de concentración.
Desde los más evidentes: Ono
adquiere a Auna; hasta los que llevan a cabo los jugadores para
disponer de piezas colocadas en todos los tableros: Vodafone
compra Tele2.
Pasando por los acuerdos entre operadores, como los celebrados entre
operadores de red y los virtuales en las telecomunicaciones móviles
o la concentración de las distintas áreas de negocio de Telefónica,
que no hacen tanto tiempo se habían segregado.
Además, operadores líderes como Vodafone y
Telefónica
conciertan estrategias para compartir
redes.
Todos estos movimientos tienen un denominador común:
la red. Porque es en ella en la que está la competencia real, y
¡ojalá! Sostenible.
Mientras tanto los reguladores nacionales y las
autoridades europeas continúan su batalla sobre la necesidad de
crear un Regulador Europeo de Telecomunicaciones. Para ADECES
aquí no está la clave de nada, salvo de la justificación de la
existencia de los propios órganos, porque Europa cuando decidió
liberalizar las telecomunicaciones lo hizo bajo un modelo laxo, en el
que cada autoridad nacional fue aplicando sus propios reglas.
Tan laxo es el modelo que carece del mínimo
principio de reciprocidad necesario. Así podemos ver operadores
preexistentes que reciben ayudas de sus gobiernos, alterando las
reglas de competencia; otros que con presencia pública significativa
intentan comprar operadores totalmente privados; autoridades
nacionales que obligan a los nuevos entrantes a desarrollar planes de
inversión o autoridades nacionales que no obligan a desarrollar los
planes de inversión con los que los operadores lograron su licencia.
En consecuencia y para finalizar, nuestro punto de
partida en la concepción estratégica de la Sociedad de la
Información es que la competencia debe garantizar una red
adecuada a las necesidades futuras y que avancemos en la
incorporación de toda la población a la SI.
Para ADECES estos principios pasan por desarrollar
más de 20 medidas incorporadas en siete epígrafes del documento al
que al principio aludimos y que ahora resumimos algunos de ellos,
exponiendo en algunos casos alguna de las medidas que lo integran:
1º.- Marco regulatorio:
Un marco que garantice los retornos a la nueva
inversión para el desarrollo de nuevas redes de acceso y mercados
emergentes, así como la flexibilidad en las administraciones
locales para poder realizar los necesarios despliegues de red con
celeridad.
2º.- Dinamismo de mercado: eliminación de
trabas regulatorias y Administrativas
3º.- Soluciones
específicas
Regulación específica de la
banda ancha en el medio rural.
Constitución del Fondo del
Servicio Universal a cargo de todos los operadores.
4º.- Precios de los operadores y del operador de
referencia
5º.- Cumplimiento de las Leyes de mercado y de
protección de los Consumidores
Sanción de las prácticas contrarias a la competencia o de
competencia mediante la aplicación de la legislación específica en
la materia.
6º.- Confianza
Evitar que el
dinamismo de mercado se sustente en regulaciones o desregulaciones
contrarias a los intereses de los consumidores o a sus derechos.
7º.- Administraciones públicas:
Más y mejor en red.