Tras un casi un año de dimes y
diretes, el Gobierno ha aprobado la Carta de Derechos del
Usuario de Telecomunicaciones, que entrará en vigor a los tres
meses de su publicación en el BOE.
Todos esperábamos que sirviera para
cotar los abusos que se cometen al vender una conexión catalogada de
una velocidad de la que, luego, no llega ni la mitad. Pues nada,
solo se obliga
a las operadoras a no publicitar por encima de la técnicamente
posible (los 20 megas son teóricamente posibles) y que adviertan al
usuario que hay factores que la disminuyen. Con eso y un euro se
tienen cien céntimos.
Se reduce el tiempo que tenia un
operador para tramitar una baja, antes en 15 días, que ahora deberá
hacerse en solo dos, lo que las compañías advierten que es
imposible en el caso de las líneas ADSL.
Los
contratos deberán contener las suficiente información, para lo que
se crea una lista de 16 puntos obligatorios, y las
indemnizaciones por corte del servicio quedan prácticamente igual
que como estaban.
Ah, y se prohíbe el “spam”
telefónico, nada de llamadas a todas horas para que cambiemos
de compañía.
De lo anunciado
por Miguel Sebastian no queda ni rastro.