Sabiendo que las conversaciones han
sido entre Redtel y un grupo comandado por la SGAE,
normal que no se haya llegado a ninguna parte. Siempre que se trata
de los ingresos de esa sociedad sin animo de lucro, su postura es
enrocarse en unas peticiones desorbitadas, hacerse la victima
incomprendida y esperar que el Gobierno decida al final.
Redtel ha declarado que las
negociaciones se rompieron a mediados de abril, que el Constitucional
francés ya ha demostrado que, en un estado de derecho, las
desconexiones por descargar no son posibles y que no existe ninguna
tecnología que haga posible las bajadas de velocidad, de modo
personalizado, a los infractores y, si se implantara, seria inútil.
Redtel destaca
que el gran problema radica en la falta de una oferta legal de
contenidos, atractiva, amplia, cómoda y a precios accesibles, que
sería la mejor manera de combatir la piratería y, a ellos, les
vendría muy bien.
Hay que tener en cuanta que el problema
de las operadoras, y más las que componen Redtel, con redes
propias, es la de rentabilizar sus inversiones. Si nada atrae al
usuario a querer más velocidad, el negocio se les estanca.
Por ahora se salvan por las denominadas
descargas ilegales, que no vamos a entrar a discutir cuales lo son en
realidad u cuales no, pero, si se cortan esas descargas sin
sustituirlas por otras equivalentes o superiores, su negocio
retrocede diez años y se tienen que olvidar de vender líneas caras:
todo el mundo se decantaría por las más bajas y baratas, una vuelta
atrás que, económicamente, no se pueden permitir, y menos ahora,
por el incremento negativo de la aceleración hacia delante de la
descompensación de la balanza financiera actual (crisis para los
amigos).