La Comisión Europea ha abierto
un periodo de consulta para estudiar el ya viejo y controvertido
derecho de los ciudadanos a tener un acceso a Internet a una
velocidad razonable.
Decimos controvertido porque hay dos
puntos de vista, el de los ciudadanos por un lado y el de las
operadoras y Estado en el contrario. Las operadoras
saben que les va a costar asumir la mayoría del coste y el Estado,
aunque aportaría poco en comparación, no quiere enfrentarse a
ellas, prefiere darle largas a una exigencia que ya lleva años en la
Red y en la calle.
Ahora Bruselas abre una consulta
pública, abierta hasta el 7 de mayo, al respecto.
Según la Comisaria de
Telecomunicaciones de la UE, Neelie Kroes, «Esta
consulta nos ayudará a comprobar si necesitamos actualizar las
normas para tener la seguridad de que todos los ciudadanos de la UE
pueden acceder a los servicios esenciales de telecomunicaciones,
incluida la conexión rápida a Internet. Como los mercados y
la tecnología están cambiando con rapidez, tenemos que velar por
que nadie quede excluido de la sociedad digital».
La consulta está encaminada a recabar
opiniones de Gobiernos, operadoras y ciudadanos,
aunque ignoramos a quienes de estos últimos se les va a preguntar y
si no se sabe la respuesta de ese sector de antemano.