En noviembre de 2010, Telefónica denunció al Ayuntamiento de Viladecans y le exigió que clausurara la red alternativa que allí utiliza Orange, aduciendo deslealtad a la competencia en el mercado.
El punto es que el municipio llevó la fibra óptica a 2.600 hogares y la entidad pública VIGIP, que gestionaba la red, comercializó el acceso FTTH junto con Orange y Ádamo a 29,90€ los 100 Mbps de velocidad.
La CMT, que recibió la denuncia, no clausuró la red, pero sí obliga al municipio a subir un 14% las tarifas, aduciendo que el plan de VIGIP “no cumple con el principio de inversor privado en una economía de mercado”.