La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CMT) ha convocado una consulta pública para actualizar la regulación que afecta a las redes WiFi que ofrecen algunas administraciones públicas como ella misma explica. La CMT sigue manteniendo la velocidad de estas conexiones de WiFi gratis en 256 Kbps.
De esta manera a través de esta limitación la CMT pretende proteger las inversiones de las compañías privadas frente a las redes que montan las distintas administraciones. Y es que el organismo regulador llama la atención a las administraciones públicas que deben justificar que el funcionamiento de la red procede de su explotación y no del aporte continuado de dinero público.
Por un lado, se protege a la inversión privada de la pública, pero por otro lado, esta iniciativa ha acabado con proyectos que pretendían dar red a espacios de pequeñas dimensiones o a completar la deficitaria cobertura de las redes de operadores privados.
Este proyecto relaja la burocracia de aquellas redes que cuesten menos de 20.000 euros o de aquellas redes que estén en un municipio con menos de 20.000 habitantes. Bibliotecas y centros educativos quedarán exentos de inscribirse como operador.
La CMT está abierta a escuchar la opinión de las partes hasta el 15 de septiembre.