Después de comenzar una investigación sobre la situación en enero de 2011, la Comisión Europea ha multado con casi 67 millones de euros a Telefónica y a Portugal Telecom por llevar a cabo un pacto para no competir entre ellas en los mercados de telecomunicaciones de la Península Ibérica. En el acuerdo se incluyen el contrato de adquisición por parte de Telefónica en julio de 2010 del operador móvil brasileño Vivo, que hasta ese momento era una propiedad conjunta de la empresa española y la portuguesa.
Al mantener el estado de prioridad en España y Portugal, el acuerdo impedía el proceso de integración del sector de las telecomunicaciones en la Unión Europea. Los acuerdos de no competencia son una de las infracción más graves contra la normativa de competencia de la Unión Europea, y las consecuencias pueden llevar hasta elevar los precios establecidos hasta la menor posibilidad de elección por parte de los consumidores.
La Comisión Europea ha indicado que el acuerdo ilegal tuvo lugar desde septiembre de 2010 hasta febrero de 2011, por lo que ambas entidades deberán abonar una sanción de 79,78 millones de euros, 66,89 millones en el caso de Telefónica y 12,89 millones de euros en el caso de Portugal Telecom.
Sin embargo, probablemente la operadora española recurrirá a la multa como ya ha hecho en otras ocasiones.