España es el país europeo con menos disponibilidad de conexión y un mayor monopolio en el servicio.
Las empresas españolas están pagando por las conexiones de banda ancha, que permiten transmitir datos por alta velocidad, 28 veces más que el coste real de estas conexiones, según el estudio realizado por Yankee Group Europa y presentado hoy por la operadora de datos Ebone. Sigue leyendo…España es el país europeo con menos disponibilidad de conexión y un mayor monopolio en el servicio.
Las empresas españolas están pagando por las conexiones de banda ancha, que permiten transmitir datos por alta velocidad, 28 veces más que el coste real de estas conexiones, según el estudio realizado por Yankee Group Europa y presentado hoy por la operadora de datos Ebone.
Yankee Group Europa es una empresa de investigación del sector de telecomunicaciones y en su nuevo informe realizado entre empresas destaca que España e Italia son los países que están en peor situación en banda ancha respecto al resto de Europa, con una puntuación de 1’3 sobre 5.
El estudio señala que España recibe la peor puntuación de los países europeos en cuanto a disponibilidad de conexiones de fibra óptica de operadores alternativos y Telefónica es casi el único proveedor de líneas alquiladas para empresas.
La situación global de toda Europa tampoco es buena en banda ancha según el informe, con una puntuación por parte de las empresas de 1’6 sobre 5 y para el 80% de las grandes empresas encuestadas el aumento de la conectividad a alta velocidad es su mayor preocupación tecnológica.
Las empresas europeas pagan una media de hasta 75 veces más por el acceso local de banda ancha mediante líneas alquiladas que por servicios de banda ancha internacionales, según el estudio.
Ebone, que da servicios de datos para empresas y operadoras y cuenta con una red de fibra óptica en Europa propone, para solucionar el problema, que se obligue a los operadores dominantes a que apliquen precios orientados a costes, que las operadoras colaboren con la autoridad reguladora y con la competencia para que haya transparencia y contabilización de costes, y que la Comisión europea inicie trámites contra los estados miembros que no apliquen precios orientados a costes, entre otras medidas.