Hasta ahora la CMT ha
expedientado al ayuntamiento granadino de Atarfe, y al de
Ponteareas, en Pontevedra, por ofrecer a los vecinos acceso a
Internet gratuito mediante redes Wifi. Obviamente, el
motivo ha sido el perjuicio que sufren las operadoras de ADSL
ante esta competencia.
También ha rechazado un
proyecto, en este sentido, del consistorio de Barcelona, al
que exige, si quiere ofrecer estos servicios, que se constituya en
empresa operadora y que no utilice dinero público para
el desarrollo de esta actividad. Reinaldo Rodríguez,
presidente de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, matizó estas actuaciones
declarando: «La CMT no distingue entre operadores públicos
y privados. No perseguimos a los ayuntamientos. Vigilamos que los
modelos que aplican sean coherentes y no se soporten con impuestos».
Puestos así,
el ayuntamiento que quiera ofrecer acceso a la Red a los
vecinos, primero tendrá que crear, y registrar, una empresa
con ese objetivo social, y esa nueva compañía deberá
presentar cuentas separadas de las del ayuntamiento en
cuestión, no pudiendo financiarse con dinero procedente de los
impuestos municipales o de subvenciones oficiales.
Un jarro de agua fría para
muchísimos proyectos repartidos por toda España,
coherente con los deberes de la CMT, favorable a las compañías
de telefonía, incluso positivo para el mercado del sector,
pero sin alternativas para el usuario.