Ya.com persiste en cobrar por los tramites de baja

Ya.com, que, por cierto, todas
las informaciones que nos llegan indican que, por ahora, va a seguir
funcionando como tal marca comercial y se va a librar de ser pintada
de naranja, a pesar de ser ya una filial de Orange, incumple
sistemáticamente la Ley de Defensa de los Consumidores.

Esta compañía tiene un
baremo interno, que sigue aplicando aunque haya cambiado de dueño,
ignoramos si con su consentimiento o no, en la que clasifica
los servicios asignándoles las primeras letras del abecedario.
Así, los servicios catalogados como de tipo A, G
y H los considera sujetos a un gravamen de 25 euros
más IVA en concepto de tramitación de baja. Otros, tipo
B, C, D y F, tienen asignados unos gastos
de 10 euros, siempre más IVA, a los de tipo E se
les aplican 35 euros y solo los I no pagan nada en caso
de que el usuario decida darse de baja.

Los servicios de ADSL están
encuadrados en la categoría H, con lo que el que quiera
dar de baja su linea ADSL de Ya.com se va a encontrar
con que, impuestos incluidos, se les van a cobrar 29 euros
adicionales, lo que es de todo punto ilegal, ya que están
prohibidas, expresamente, todas las “cláusulas o
limitaciones que excluyan u obstaculicen el derecho del consumidor a
poner fin al contrato”.

Para más inri, Ya.com
aplica este impuesto revolucionario a todo ser viviente que
caiga en sus manos, haya cumplido plazos de permanencia o no.
La Unión de Consumidores de España,
y en concreto UCE-Asturias, en su nombre, ha presentado una
denuncia
contra esta práctica irregular que, según sus cálculos,
ha reportado a la operadora unos beneficios, ilícitos, de más
de un millón de euros.

Recordemos que la ley establece que el
usuario tiene derecho a rescindir el contrato “en la misma forma
en que lo celebró, sin ningún tipo de sanción o
de cargas onerosas o desproporcionadas, tales como la pérdida
de las cantidades abonadas por adelantado, el abono de cantidades por
servicios no prestados efectivamente, la ejecución unilateral
de las cláusulas penales que se hubieran fijado
contractualmente o la fijación de indemnizaciones que no se
correspondan con los daños efectivamente causados”.

Ahora que el asunto esta en boca de
todos, esperamos que Orange reaccione como debe, con un
comunicado informando que ha ordenado a su nueva filial que deje de
aplicar estas clausulas abusivas.

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