Tras mucho deshojar
la margarita, el Gobierno español ha decidido presentar
un recurso contra la multa a Telefónica ante el
Tribunal de Luxemburgo, según ha confirmado
el Ministerio de Industria hace unas horas. Son ya, por tanto,
dos
los que tendrá que contemplar este tribunal de justicia.
Industria ha querido dejar
claro, por lo menos lo ha intentado, que este paso no va
encaminado a defender a Telefónica, sino que la
decisión se ha tomado porque lo que está en entredicho
son sus propias competencias en el mercado de las telecomunicaciones
y la figura de la CMT como organismo regulador con plena
autoridad en el territorio nacional.
En la nota facilitada a la prensa, se
lee que «el hecho de que las resoluciones de la CMT hayan
quedado sin valor como consecuencia de una decisión posterior
de la Comisión Europea genera inseguridad jurídica
y afecta gravemente al interés público y al
desarrollo de un sector tan estratégico como el de las
telecomunicaciones» y «En definitiva, se considera
que el ejercicio por parte de la CMT de sus competencias ha
quedado debilitado y no constituye suficiente garantía
para consumidores y empresas».
El recurso se basa en tres
alegatos concretos. Por una parte, la “vulneración de los
principios de especialidad, seguridad jurídica y confianza
legítima», en referencia a que la Comisión
Europea ha desautorizado a la CMT.
Por otra, la violación de un artículo, el
82 parece, ya que, a juicio del Ejecutivo español, se
han cometido errores al analizar los productos de banda
ancha cuyos precios han sido objeto de sanción. Y para
terminar, se aduce «violación del deber de
cooperación«, ya que la decisión de multar a
la operadora española se «se ha adoptado al margen
de los procedimientos de cooperación entre la Comisión
y los Estados miembros (en este caso, la CMT), que
establecen el Tratado y las directivas comunitarias».
Nos viene a la cabeza una vieja
maldición calé, de muchas interpretaciones posibles:
Tengas pleitos y los ganes.