Cuando escribimos la anterior vez, que
no creemos la última, sobre la regulación de la CMT
sobre las redes de nueva generación de Telefónica,
nos preocupamos de resaltar
lo que, desde nuestro punto de vista, era lo más
significativo: la libertad en que queda la operadora histórica
en las lineas de más de 30 megas.
A partir de ahí no dejó
de llamarnos la atención el enfoque que los grandes medios de
comunicación del país hacían de la misma
noticia. Los titulares proclamaban “La CMT obliga a Telefónica
a compartir sus redes de fibra óptica” y así con
pequeñas variaciones en casi todos. Mucho había que
leer para localizar la, para ellos, pequeña salvedad de esas
lineas de gran velocidad.
Ahora se ve el porqué de que las
declaraciones a los medios de la CMT se volcaran a esa parte
concreta, algunos dirían que sesgada, de la resolución.
Era necesario contentar a disidencias internas y no crear una
psicosis de vuelta al monopolio en los medios de difusión.
De los nueve miembros del
Consejo de la CMT, dos de ellos, vicepresidente
incluido están en desacuerdo
con las medidas adoptadas y así lo expresaron en sendos votos
particulares. “Este modelo regulatorio tiene en mi opinión
un alto riesgo de caer en una remonopolización del mercado”
fue la opinión en contra de Marcel Coderch, mientras
que la consejera Inmaculada López alegó que
“Como primera aproximación, creo que esta resolución
diseña un entorno regulatorio indefinido en buena medida,
confuso y generador de una creciente conflictividad entre los
operadores”.
El talón de Aquiles está,
indudablemente, en si los operadores alternativos están
preparados para tender sus propias redes o no. Y la respuesta es
contundente, no son necesarios grandes estudios de mercado para
contestar NO.
“Esta CMT asume un riesgo excesivo
de forzar inversiones ineficientes al colocar a los operadores
alternativos ante la disyuntiva de intentar seguir al incumbente o
correr un elevado riesgo de quedar excluidos del mercado” opina
el vicepresidente Coderch, al tiempo que lamenta que no se
hayan impuesto a Telefónica obligaciones, aparte de la
de abrir sus canalizaciones,
que faciliten a sus rivales el paso de la actual situación a
la de que cada operadora invierta de verdad si quiere parte del
pastel.
Dos son pues los riesgos. El primero
ha quedado claro, una progresiva vuelta a un monopolio por
falta de competencia. El segundo, el que se pretende evitar
con la resolución de la CMT, es que las demás
compañías sigan eternizándose en obtener
beneficios de las inversiones de Telefónica, situación
altamente cómoda para ellas pero perjudicial para usuarios
y desarrollo de la Sociedad de la Información.
Se podría alargar la cosa,
considerar que se le debe dar más tiempo a la
competencia, pero cuando llegara el momento, dentro de dos o tres
años quizás, ¿entonces sí que estarían
en situación de invertir con más garantías que
ahora? No creemos.
Y mientras, ¿seguiría
Telefónica invirtiendo en redes NGN al mismo
ritmo que ahora? ¿O más bien paralizaría este
aspecto en espera de una legislación que le favorezca?
Hace tiempo que pedimos
un punto de inflexión que obligue a todos a clarificar
posturas e intenciones. El que sea ahora o dentro de unos años
no va a cambiar resultados, así que cuanto antes salgamos del
circulo vicioso, mejor.