En el Consejo de Ministros del viernes 20 de septiembre, el Gobierno aprobó endurecer las penas en cuanto a la piratería se refiere. Todo ello es la solución de la polémica Ley Sinde durante el Gobierno de Zapatero en el 2009.
Con lo cual nuestro país va a perseguir con penas muy duras a aquellas personas que faciliten descarga de contenidos o enlaces a otras páginas de descargas.
Según el último borrador del texto “El nuevo delito será castigado con hasta seis años de prisión, la retirada de los contenidos y, en determinadas circunstancias, el bloqueo de la página”. No anuncia nada sobre el seguimiento a los usuarios, es decir, a quienes se metan o usen esas páginas.
“Sin duda, supondría un espaldarazo para la defensa de los derechos de autor que el Código Penal persiguiera a las webs de enlaces”, señaló Antonio Guisasola, de Promusicae, la patronal de las discográficas.
Según datos facilitados por la Secretaría de Estado de Cultura, entidad que lidera su funcionamiento, 391 solicitudes de retirada de contenido que atenta contra los derechos de autor de sus titulares. De ellos, se han resuelto 303 expedientes. 74 webs retiraron los contenidos fraudulentos. Y aún quedan 82 expedientes en fase de investigación. Todo esto ha sido recogido por la Sección Segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual, creada por la ley Sinde-Wert.