Según informa la agencia Reuters, este pasado lunes el gobierno japonés anunciaba la adición de las industrias de alta tecnología y de las del sector de las telecomunicaciones a la lista de restricciones sobre la posesión foránea a partir del 1 de agosto de este año.
Esto significa que, a partir de dicha fecha, las empresas y las personas de fuera de Japón lo tendrán más difícil para tener una participación significativa en grandes empresas de estos sectores, considerados a partir de ahora estratégicos para el país.
Pese a que el gobierno nipón no ha explicitado el nombre de ningún país en concreto, en el ambiente flota el nombre de China. La administración de Shinzō Abe ha venido demostrando una gran sintonía con la administración de Donald Trump, en especial en estos últimos tiempos y más con la reciente visita del mandatario estadounidense al país del sol naciente, y este movimiento podría responder también a una estrategia de apoyo en la guerra comercial que los EEUU mantienen con China.
Cabe recordar a este respecto, que Japón mantiene algunos conflictos fronterizos con China por la posesión de islas e islotes que se encuentran en las aguas entre ambos países.
Desde la administración norteamericana se ha presionado a diversos países para que sus empresas dejen de tener tratos con Huawei y, concretamente, no utilicen sus infraestructuras 5G para las redes nacionales propias. Es el caso de Suiza, según afirma el medio Swissinfo.ch, aunque el gobierno de este último país ha hecho caso omiso de las advertencias de Washington, y por el momento considera que no hay peligro en optar por las infraestructuras de Huawei.
El argumento del gobierno japonés para incluir sus industrias tecnológicas y de telecomunicaciones en la lista de sectores protegidos pasa por la seguridad nacional, para impedir tanto el espionaje como el robo de tecnología que facilite a otros países la comisión de ataques contra Japón.
Esta ley de protección obliga a que todas las entidades extranjeras (empresas o particulares) que posean o quieran adquirir un 10% o más de las acciones de una empresa perteneciente a uno de los sectores protegidos, se sometan a un procedimiento de inspección, tras el cual les puede ser denegado el permiso para llevar a cabo la inversión.