El lunes os hablábamos del derecho que asiste a todos los españoles a disfrutar de un servicio básico de comunicaciones y de como, a la hora de la verdad, todas las operadoras se echan atrás y le dejan el muerto a Telefónica, a pesar de llevar años protestando de que ese servicio, ni que decir deficitario, fuese asignado a dedo al operador histórico español. Típica muestra de la hipocresía habitual en el mundo de los negocios.
Pues ahora un juez le ha dado una vuelta de tuerca al asunto. La Audiencia Nacional ha emitido una sentencia en que estima que Telefónica se encuentra en desventaja en relación a sus competidores por verse obligada a prestar este servicio universal y que tiene derecho a ser compensada. Por desgracia ahí terminan las competencias de juez, y a continuación solo puede aconsejar, no imponer.La sentencia termina instando a la CMT a que busque la manera de subvencionar estas prestaciones básicas y espera que la comisión reguladora decida la constitución de un fondo de «solidaridad», en el que tendrían que aportar todas las operadoras que actúan en el territorio nacional, y que estaría destinado a paliar el déficit que producen esas lineas.
La idea en la que se ha basado el juez es simple, si las empresas se benefician de sus derechos a participar en el mercado español y lucrarse por ello, que también asuman las obligaciones que se derivan de las mismas normas que le otorgan los mencionados derechos. Y más claramente expresado, que el que quiera peces, que se moje el culo, como los demás. Menos reventas y más inversión.