Curioso los de la CMT, nos recuerda lo de Pigmalión. El caso es que de un simple organismo regulador ha ido cobrando vida propia, adquiriendo un protagonismo buscado y deseado y terminando enfrentándose a todo el mundo, no sabemos si en una búsqueda de poder o en una huida hacia delante fruto de su creciente desprestigio.
En su escalada de enfrentamientos, ahora ha decidido enmendarle la plana al poder judicial, y no podemos menos que comentar que el poder judicial, como ente independiente, es uno de los pilares básicos y máxima garantía de un estado de derecho. Recordemos que en el famoso juicio de los 337 millones de euros, un juez dictaminó que la responsabilidad de Telefónica, en relación con las trabas y dificultades de Jazztel a la hora de cumplir sus plazos, era leve y en ocasiones provocada aposta por la propia demandante.
Ahora la CMT, quizás por la catastrófica situación que se avecina, ha decidido erigirse en poder fáctico independiente, y viendo que la indemnización que va a obtener Jazztel, judicialmente, no es suficiente, ni de lejos, para mantenerla a flote otra temporada, esta dispuesta a actuar por encima de leyes y tribunales y conseguir otro pellizco económico adicional para la operadora que puede arrastrarla en su caída. Claro que, si se produce una nueva sanción de la CMT a Telefónica, y esta es desproporcionada, Telefónica siempre puede recurrir, de nuevo, a la justicia ordinaria, pero entre tanto, un par de años quizás, el crédito de la compañía que espera la indemnización sube, y el ganar tiempo es la diferencia entre la vida y la muerte en estos casos. Con tiempo y un mínimo de crédito se pueden hacer regulaciones de empleo, buscar fusiones e incluso gestionar una venta sin excesivas perdidas. Por el contrario, si una compañía que ha estado regulada y vigilada por la CMT se hunde, el escándalo la salpicaría inevitablemente.
Y aunque se salga de la temática, la CMT también ha presentado un contencioso contra el Gobierno por cuestiones de televisión y radio por cable, con lo que ahora se haya enfrentada, ademas de con un amplio sector de la opinión pública, con Bruselas y la Comunidad de Madrid, con la primera por actuaciones conflictivas y con ambas por su espantada y mudanza a Barcelona, con el Gobierno, con el poder judicial y sospechamos que con varias operadoras nacionales y europeas, incluyendo a Telefónica en el lote. Buen momento para plantearse un cambio de política de actuación.